México. Derechos humanos

José Ramón y Pascual
Defensores comunitarios del agua en Puebla
Presos de conciencia en México


José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores comunitarios del agua y exautoridades nahuas de la comunidad de Atla, Pahuatlán, Puebla, injustamente encarcelados hace más de dos años en el Cereso de Huauchinango, Puebla, fueron declarados hoy Presos de conciencia por Amnistía Internacional.


José Ramón Aniceto Gómez,
Cereso, cárcel de Huauchinango, Puebla, 28 de marzo de 2012.


Pascual Agustín Cruz,
Cereso, cárcel de Huauchinango, Puebla, 28 de marzo de 2012.

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“Las autoridades mexicanas deben liberar de forma inmediata e incondicional a dos
defensores indígenas de los derechos humanos que han estado injustamente detenidos
desde hace dos años en Puebla y, por ello, son presos de conciencia.

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron detenidos en enero de 2010 y
sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis
años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.

Desde el principio hubo informes fidedignos en el sentido de que el auto nunca fue
robado y en realidad había sido abandonado por el hijo del denunciante y resguardado en la comandancia policial en Pahuatlán antes de ser devuelto a sus dueños. Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público y proceso judicial contra
los activistas estuvo plagado de irregularidades.

Tras revisar del caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, Amnistía
Internacional concluyó que la acusación contra los activistas fue fabricada como
represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad
indígena nahuátl de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla. El proyecto de
abastecimiento de agua, que comenzó en el 2008, fue avalado por el gobierno estatal y
federal.”

El proceso, incluyendo las declaraciones escritas que forman parte del expediente, fue
llevado a cabo en español y en ningún momento se les proporcionó un intérprete, lo que
afectó gravemente la capacidad de defensa de los dos activistas nahuas.

Tampoco fue respetado su derecho a una defensa adecuada. El Ministerio Público los
procesó con base en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos
testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las evidentes contradicciones entre estas
declaraciones.

Cuando el caso llegó a la primera y segunda instancia, el Poder Judicial estatal aceptó,
sin cuestionar las pruebas irregulares presentadas por el Ministerio Público e ignoró las
de la defensa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está considerando un recurso presentado por
parte de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para
que la Corte atraiga el caso y resuelva el amparo presentado ante el poder judicial
federal.

Amnistía Internacional espera que la Suprema Corte atienda el caso de forma pronta y
que lo aproveche para reforzar el respeto al debido proceso y juicio justo para las
personas pertenecientes a los pueblos indígenas procesadas en el sistema de justicia
penal según lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos.”

Comunicado de prensa de Amnistía Internacional,
Ciudad de México, 29 de marzo de 2012.


Salustia Aparicio, esposa de Pascual.
Atla, Pahuatlán, Puebla, 28 de marzo de 2012.

Brígida Cruz, esposa de José Ramón.
Atla, Pahuatlán, Puebla, 28 de marzo de 2012.



“Lamentablemente, el caso contra José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz
no es aislado.

En los últimos años hemos documentado cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial
se prestan a la fabricación de delitos contra quienes defienden los derechos humanos de
comunidades indígenas marginalizadas sin garantizar el debido proceso, resultando en
juicios injustos, sentencias infundadas y personas encarceladas como castigo por sus
actividades legitimas.”

Rupert Knox
Amnistía Internacional


Madre de Pascual.
Atla, Pahuatlán, Puebla, 28 de marzo de 2012.

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