Ciudad de México, 29 de abril de 2010
TERESA Y ALBERTA ¡LIBRES!
Tras casi cuatro años de injusta reclusión, celebramos la liberación de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Hubo mucha gente que estuvo también apoyándonos, como Amnistía Internacional, el Centro Agustín Prodh, gente que sin conocernos nos apoyó y que no sabemos de qué manera agradecerles.
Teresa González Cornelio
La forma de reparar el daño es un perdón público, que ellos mismos que nos pidieran por lo menos un perdón, un disculpe, pero públicamente.
Alberta Alcántara Juan
Conferencia de prensa, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Ciudad de México
29 de abril de 2010. Fotos: ©Ricardo Ramírez Arriola
Boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
Tras casi cuatro años de injusta reclusión, celebramos la liberación de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Finalmente, tras casi cuatro años de permanecer injustamente en prisión, fueron liberadas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres del pueblo ñhä-nhú acusadas falsamente de haber secuestrado a elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación en hechos ocurridos en la comunidad Santiago Mexquititlán, al sur de Querétaro, el 26 de marzo de 2006.
Las familias de Alberta y Teresa y los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano (que asumieron su defensa) celebramos su liberación. La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un acto de justicia que pone en evidencia la violación de los derechos fundamentales de ambas mujeres por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia.
La intervención de la Suprema Corte ha sido relevante para evidenciar las irregularidades existentes en el proceso. Celebramos que el alto tribunal haya reconocido la argumentación de la defensa y revocado la sentencia condenatoria emitida por el juez cuarto de distrito de Querétaro en relación con la causa penal 48/2006: no se acreditan los elementos del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro contra servidores públicos.
No basta la resolución de la Corte para que Alberta y Teresa como tantas otras mujeres accedan a la justicia. No obstante, su mensaje es claro: las autoridades deben poner un alto a este tipo de prácticas y los jueces deben corregir las irregularidades antes que avalarlas.
La disfuncionalidad del sistema de justicia mexicano, evidenciado ayer por la Suprema Corte, permite que delitos altamente repudiados -como el secuestro- sean empleados por el Estado para actuar, con ánimo de venganza y castigo, contra quienes defienden sus derechos o se oponen a la arbitrariedad del poder. Así sucedió en el presente caso, en el que las acusaciones contra Jacinta (cuya liberación ocurrió en septiembre de 2009), Alberta y Teresa fueron una medida dirigida a castigar la defensa de los comerciantes de Santiago Mexquitilán frente a los abusos de los entonces agentes federales de investigación. Es preciso, como debe suceder en un estado democrático de derecho, que esta resolución siente precedentes para evitar la utilización facciosa del aparato punitivo por parte de autoridades locales y federales como respuesta a la protesta pública de grupos que con legitimidad defienden y exigen sus derechos.
La excarcelación de Alberta y Teresa es sólo un componente de la justicia. Ésta debe incluir también la reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables del injusto encarcelamiento. En este sentido, todos los funcionarios federales y estatales que manifestaron su interés en el caso tienen la obligación ética y política de impulsar los cambios necesarios encaminados a implementar mecanismos efectivos que tutelen los derechos humanos dentro del sistema de justicia. Propuestas como la Ley Antisecuestros o figuras como el arraigo contradicen profundamente el discurso de algunos actores políticos a favor de los derechos humanos en el presente caso. Del mismo modo, la falta de interés en la implementación efectiva de las reformas en materia de derechos indígenas y de las leyes que buscan erradicar la violencia contra la mujer muestran la escasa voluntad de lograr cambios sustanciales en los temas que el caso de Alberta y Teresa ha hecho patentes.
Agradecemos las amplias muestras de solidaridad de quienes con su participación y su atención han contribuido a evidenciar la deteriorada situación de los derechos humanos en México así como a exigir del Estado mexicano una actuación responsable al respecto. Esta atención debe mantenerse a fin de que la justicia sea una realidad en México, sobre todo para quienes son discriminados y excluidos.
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