Veintitrés mil
Defendemos nuestro derecho a disentir y exigir rendición de cuentas de manera pacífica.
John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Acto en la que representantes de los veintitrés mil impulsores de la demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya se pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República, PGR. Ciudad de México, 29 de noviembre de 2011.
Fragmento del Pronunciamiento de intelectuales, activistas y ciudadanos sobre el anuncio de posibles acciones legales por parte del gobierno federal en contra de los veintitrés mil ciudadanos que han informado a la Corte Penal Internacional sobre la situación de violencia y violación a los derechos humanos en México:
«Compartimos la preocupación de que el gobierno federal entable acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México. Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra.
Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.»
360° 