“Desprotegidos, ciudadanos de segunda, porque los militares tienen el poder de hacer y deshacer. Por hablar náhuatl nos niegan el derecho a ser escuchados para explicar nuestro dolor.”
José Rubio Villegas
hermano de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua ejecutado extrajudicialmente en un retén militar en el estado de Guerrero por elementos del Ejército Mexicano, en 2009.
«El 2 de agosto de 2012, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión sobre más de treinta casos relacionados con el fuero militar, entre los que se encuentra el caso del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas.
A pesar de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias contra México en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Campesinos Ecologistas; en la actualidad la Secretaría de la Defensa Nacional sigue investigando y juzgando casos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles.
El Máximo Tribunal en México tiene la oportunidad histórica de sentar jurisprudencia vinculante acorde con las obligaciones internacionales del Estado mexicano derivadas de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se establece la necesidad de restringir la extensión del fuero militar. Además, está obligado a ser congruente con sus propios fallos precedentes.»
Centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan
«Bonfilio nació en Tlatzala, una pequeña comunidad ubicada cerca de Tlapa, Guerrero. Cuando tenía 21 años migró a Estados Unidos. Llegó a Nueva York. Su empleo como ayudante de cocina en un restaurante le permitió enviar dinero a sus padres y a construir una casa en su pueblo.
En diciembre de 2008, Bonfilio regresó a México. Buscó un trabajo fijo en el Distrito Federal, pero no tuvo suerte. Seis meses después decidió regresar a Nueva York. Viajó a su pueblo para despedirse de sus padres y cerrar el trato con el pollero que le cobraría unos miles de pesos por ayudarlo a cruzar la frontera de Estados Unidos.
El sábado 20 de junio de 2009, Bonfilio se despidió de sus padres. «Estaba muy contento» -recuerda su hermano José- «, a mis padres les dijo que en Nueva York, seguro encontraría trabajo y enviaría dinero para terminar la casa que dejó en obra negra».
A las nueve de la noche, en la terminal de autobuses de Tlapa, Bonfilio abordó el camión de la línea Sur, placas 367-HR7. Entonces, él creía que llegaría a la ciudad de México. En el crucero donde se unen los caminos que van a Santa Cruz y Huamuxtitlán, el autobús se detuvo en un retén militar. Soldados del 93 Batallón de Infantería pidieron a todos los pasajeros que bajaran del vehículo para una revisión. A Fausto Saavedra, indígena mixteco que viajaba en el autobús, lo detuvieron porque portaba botas del Ejército. Los soldados ordenaron al resto de los pasajeros subir al camión. El chofer del autobús, Alberto Pizano, pidió a los soldados que firmaran en su hoja de registro de pasajeros, para tener una prueba de la detención de Fausto.
En su declaración, incluida en el expediente, los militares señalan que ordenaron al chofer detenerse de nuevo, pero no obedeció. Dicen que arrancó «en forma rápida», sin importar que a un lado y enfrente había militares. Por eso dispararon al aire y a las llantas del camión.
«No arranqué ni rápido ni repentino», declaró el chofer ante el Ministerio Público. «Unos minutos después que arranqué escuché las detonaciones. Algunos pasajeros gritaban: ‘Párate’; otros: ‘Písale’. Decidí acelerar y seguir.»
Cuando llegaron a la terminal de autobuses de Huamuxtitlán, a cinco minutos del retén, los pasajeros volvieron a gritar. Se dieron cuenta que Bonfilio, quien viajaba sentado en la última fila, en el asiento número 45, estaba muerto. Una bala del Ejército lo mató. Tenía 30 años.
«Para ellos es como matar un chivo.»
A Bonfilio lo mataron y ninguna autoridad avisó a sus padres ni a sus hermanos. Un periódico local informó que un hombre, con apellidos Rubio Villegas, murió en un autobús. «La tarde del domingo, un maestro habló a la casa, pensando que yo era el muerto», recuerda José. Desde ese día, este maestro de primaria visita juzgados y organizaciones de derechos humanos buscando justicia por el asesinato de su hermano.
Cuando la familia velaba el cuerpo de Bonfilio, sonó el teléfono. Un comandante del Ejército de Tlapa pidió hablar con José. Le dijo que tenían un apoyo para los funerales. La familia se negó a recibir el dinero. Los militares insistieron. Les ofrecieron 160 mil pesos, como indemnización por la muerte de Bonfilio.
– Ni por cien ni por mil pesos o lo que sea nos van a tapar la boca. Para ellos es como si hubieran matado a un chivo: «Lo maté, te lo pago y no digas nada», dice José.»
Claman justicia por otra víctima de los militares
Thelma Gómez Durán / El Universal
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